Arbitrario régimen de Bukele suma más de 3 mil menores detenidos en El Salvador

San Salvador, ES (AGENCIAS).- Más de 3 mil menores de edad se encuentran presos en El Salvador desde el año 2022, aseguró la organización Human Rights Watch (HRW), misma que evidenció violencia física, detenciones indiscriminadas y torturas.

Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a los derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, señalaron.

Se recordará que Bukele abrió una guerra contra las pandillas en el mes de marzo del año 2022, con un programa que permite arrestos sin orden judicial.

“El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos”, afirmó la directora para América de HRW, Juanita Goebertus.

“Permitir que se violen los derechos humanos, supuestamente para proteger la seguridad, empieza rápidamente a erosionar de tal manera el estado de derecho y la democracia que luego no quedan derechos para proteger a los ciudadanos”, expresó.

La ONG salvadoreña Cristosal consignó la semana pasada al menos a 176 niños quedaron en orfandad por el deceso de alguno de sus progenitores presos, mientras que 261 adultos “han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024”.

En un informe titulado “Su hijo no existe aquí”, la organización documentó casos de violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias para combatir a las pandillas.

Los datos que tenemos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, es que 3 mil 319 niños y niñas fueron detenidos”, dijo la directora Juanita Goebertus, al presentar el informe en San Salvador.

El documento da cuenta de numerosas redadas de la policía y el ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80 mil detenidos, incluidos los menores.

Asimismo, el informe dice que más de mil niños han sido condenados, con penas que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos “por cargos definidos de forma excesivamente amplia y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”.

Bukele rechaza acabar el régimen de excepción y desestima las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura.