Restringen en El Salvador el uso del Internet; espionaje a medios
El Salvador. (Eric Lemus / Expediente Público).- La aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) restringirán la difusión de información que sea sensible a la administración pública a partir de mayo de 2025.
La nueva ley fue aprobada el 11 de noviembre de este 2024 por la Asamblea Legislativa, que está bajo el control del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), para que aparentemente “garantice la protección de los datos de carácter personal que se encuentren en posesión de otros distintos de sus titulares”.
Sin embargo, periodistas advierten que el espíritu de la ley es detener cualquier filtración e, incluso, eliminar publicaciones ya que una persona natural puede acogerse a la normativa argumentando que vulneran sus datos personales.
Por otra parte, la Agencia de Ciberseguridad, cuya creación también fue aprobada en la misma sesión del Congreso, desempeñará el papel rector y deberá garantizar la protección de lo que la ley denomina “datos personales”, contenidos en registros online o archivos físicos.
Los legisladores dejan abierta a interpretación del ACE qué serían estos “datos personales”, pues en el texto de la ley no se conceptualiza claramente.
El observatorio internacional Human Rights Watch (HRW) externó este 12 de diciembre que la entrada en vigor de dicha ley, sumada a la creación de Agencia de Ciberseguridad repercutirá contra el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión.
HRW sostiene que la ley permite a la ACE definir qué es público o no.
AMPLIOS PODERES Y SUPERVISIÓN DISCRECIONAL
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, explicó a Expediente Público que tanto la formación de la ACE como la aprobación de la ley son de extrema discrecionalidad del partido gobernante.
“Existe un grave riesgo de que estas leyes puedan ser utilizadas como un instrumento para amenazar, silenciar u obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión e información”, reiteró Goebertus a Expediente Público tras conocerse la posición de Human Rights.
La organización, que tiene su sede en Washington D.C., resalta que, si bien la ley excluye la eliminación de datos personales cuando sean “necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión, de información y prensa, esta excepción está condicionada a que los datos publicados cumplan con el principio de exactitud”.
La redacción del texto incluye el concepto datos personales en términos generales sin una delimitación concreta.
El artículo 5 literal a) en el apéndice de “Principios rectores” dice que “los datos personales deberán mantenerse exactos, completos y actualizados hasta donde sea posible para las finalidades de su tratamiento, de tal manera que no altere su veracidad”.
Además, agrega, “que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan”.
REDACCIÓN AMBIGUA Y CONFUSA
La abogada Nathalie Hernández, quien está especializada en seguridad digital, señala que la redacción de la normativa es ambigua y abarca conceptos cuya interpretación es amplia.
En un encuentro con periodistas, la especialista respondió a Expediente Público que la inclusión de conceptos como el derecho al olvido “abre la puerta a que se excluyan partes de la historia o limitar a la prensa cuando trate de informar del contexto de hechos históricos”.
El artículo 10 literal f) en los incisos dos y tres reza que “el titular (de la información) podrá ejercer el derecho al olvido de sus datos personales”.
“Este derecho incluye además el de solicitar que se eliminen de los motores de búsqueda en Internet las listas de resultados que se obtuvieran al realizar una búsqueda…”.
Al interpretar ese apéndice los expertos consultados explican que implica que una investigación periodística puede ser retirada de un soporte electrónico o eliminado su registro analógico, por ejemplo.
Además, Hernández resalta el alcance amplio que contiene el artículo 50 y sus 22 literales, donde desglosan todas las atribuciones de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que actuará como “ente rector” en el control, inspección y supervisión de todas las instituciones que abarca la ley.
El literal t) dice que la ACE podrá “solicitar a las entidades públicas y privadas la información referida a los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales garantizando la integridad, seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados”.
Con esto, la Agencia tiene capacidad de pedir los documentos y todo tipo de soporte documental analógico o digital que esté en manos de un periodista o medio de comunicación.
“¿A qué se refiere cuando habla de programas?”, inquiere la abogada. “Con base en este inciso, la Agencia pude solicitar lo que sea”, advierte.
UNA LEY INCONSULTA Y ABSOLUTA
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Sergio Aráuz, recuerda a Expediente Público que “en principio es una ley que se aprobó de manera exprés, después de apenas dos sesiones de trabajo en las que únicamente se escuchó la opinión de un funcionario.
Aráuz se refiere al secretario de Innovación de la Presidencia, Daniel Méndez, quien llegó a presentar los dos proyectos de ley a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia del Congreso.
Pese a que esa ley fue promovida por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en 2019, nadie fue invitado a ver el anteproyecto esgrimió Méndez en nombre del Gobierno.
“Las opiniones de diversidad de sectores afectados no fueron tomadas en cuenta”, dice Aráuz.
Además, agrega que “es importante señalar que el Instituto de Acceso a la Información Pública perdió muchas de sus atribuciones, y en su detrimento ahora cobra mucha relevancia la Agencia de Ciberseguridad del Estado”.
“Acá está la principal trampa o peligro porque la ACE es una instancia que en el papel tiene facultades para intervenir directamente a los medios de comunicación y la prensa”, advierte el periodista.
PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
A nivel internacional, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) advierten que El Salvador sufre un retroceso en la libertad de prensa con el Gobierno de Nayib Bukele.
Entre el 9 y 11 de septiembre, una misión conjunta de ambas organizaciones entrevistó a periodistas, miembros del cuerpo diplomático, académicos, representantes de medios de comunicación para evaluar el escenario salvadoreños respecto a libertad de expresión y de prensa.
“El gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano”, esgrimieron en un comunicado.
El CPJ y la SIP especificó estas restricciones en base a la “enorme opacidad, ocultamiento de información y ausencia total de acceso a fuentes oficiales”.
UN DERECHO RESTRINGIDO EN EL SALVADOR
La jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental Cristosal, Ruth Eleonora López, reconoce a Expediente Público que el derecho a la información “está severamente restringido”.
La abogada coloca como parámetro el resultado de la investigación hecha por la organización Acción Ciudadana, que midió el rendimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a lo largo de 2023.
“Entre los hallazgos destacó que la IAIP recibió 131 casos, pero del total solo diez fueron a favor de la ciudadanía”, dice López.
A todo escenario, el presidente de la APES trae a colación otro requerimiento que conlleva la ley.
“Los medios tendrán que nombrar un delegado para atender peticiones de información, y en este país eso es peligroso ya que esas peticiones pueden venir de mandaderos de políticos interesados en bloquear información relevante sobre ellos”, argumenta.
“Podría implicar que un medio frené publicaciones y esto abre paso a más autocensura”, enfatiza Aráuz.
El informe del CPJ y la SIP reconoció que el clima de intimidación contra el ejercicio periodístico fue en aumento desde marzo de 2022, cuando este país centroamericano empezó a vivir bajo un estricto Régimen de Excepción que eliminó el Estado de Derecho a toda su población.
